Conoce la Ley de Aportes al Espacio Público y su impacto en el ámbito inmobiliario

El Congreso aprobó recientemente (Por 99 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones) la llamada “Ley de Aportes al Espacio Público”, o “de mitigaciones urbanas”, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y reemplaza los “Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano” por un nuevo sistema basado en mitigaciones.

Con este texto, las municipalidades serán quienes, elaborando un plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, las que debería redundar en la calidad de vida de la comunidad en ámbitos como la conectividad, accesibilidad y la calidad de sus espacios públicos. Esto se financiará a través de un impuesto a las empresas inmobiliarias. “Como ministerio, impulsaremos capacitaciones para que los municipios puedan crear dichos planes. Y como muchos municipios no tienen recursos para crearlos, la idea es que con los primeros aportes que les entreguen se financien los planes de inversión”, aseguró a Pulso el ministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg.

El decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard, lo explicó así al mismo medio: “Si antes los fondos se dedicaban exclusivamente a obras viales que facilitaban el acceso vehicular al proyecto, ignorando los impactos en el resto de la ciudad, ahora se focalizarán en obras viales y espacio público que serán parte de un “Plan Comunal de inversión en Movilidad y Espacio Público” que define una cartera de obras priorizadas por el municipio”.
Otro instrumento son los aportes que cumplirán los proyectos por densificación (los que se construyan en un terreno urbanizado). En este caso, las empresas deberán entregar recursos hasta por el 44% del avalúo fiscal del terreno, que pasarán a financiar planes de obras.

En el caso de ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, que cuentan con más de una comuna en su área, se espera la creación de “planes intercomunales de inversiones en movilidad y espacio público” que deberán ser aprobados por los gobiernos regionales y municipios, y en los que se invertirán el 40% de los aportes.

Para Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, se trata de “la reforma a la planificación urbana más relevante en 40 años (…). No solo hará más justa e integral la planificación urbana, igualando derechos con deberes”, y que “posibilitará una nueva etapa de cooperación público-privada-sociedad civil para garantizar un desarrollo urbano más sustentable”.

Sobre cómo impactará esta nueva normativa en el mercado inmobiliario, se espera que las propiedades suban en promedio un 6% aprovechando los 18 meses “de gracia” que impone la nueva ley antes de su entrada definitiva en vigor.

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